La administración Trump presentó el martes una propuesta de regla del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para retirar a millones de personas del SNAP, el programa de cupones de alimentos, y de otros programas de asistencia para familias vulnerables. Un análisis de impacto del USDA estima que más de 6 millones de personas podrían perder los beneficios del SNAP y cerca de 2 millones quedarían excluidas de las comidas escolares gratuitas si sus familias no cumplen los nuevos requisitos de ingresos.

La administración Trump presentó el martes una propuesta de regla del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinada a retirar a millones de personas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cupones de alimentos, y de otros programas de asistencia gubernamental para familias vulnerables, de acuerdo con el USDA.

Un análisis de impacto del USDA estima que más de 6 millones de personas podrían perder los beneficios del SNAP y que cerca de 2 millones quedarían eliminadas de la recepción de comidas escolares gratuitas si sus familias no cumplen los nuevos requisitos de elegibilidad por ingresos.

La medida se enmarca en los esfuerzos de la administración por combatir el fraude en los programas de asistencia alimentaria. La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que su división de fraude ayudó a descubrir casi 42 millones de dólares en esquemas dirigidos a los beneficios alimentarios, con investigaciones que abarcaron desde robo de identidad hasta minoristas que cambiaban ilegalmente dinero en efectivo por beneficios de alimentos.

En paralelo, el USDA propuso la semana pasada una regla separada que exigiría a todos los estados adoptar tarjetas EBT con chip para el SNAP y a los minoristas que aceptan estos beneficios contar con terminales de pago que permitan el pago sin contacto. La Administración de Alimentos y Nutrición del USDA, que administra el SNAP, atribuyó la propuesta al problema del skimming de tarjetas, una práctica en la que los delincuentes extraen información personal de los terminales de pago y vacían las cuentas.

Según el USDA, actualmente menos de un tercio de los estados han hecho la transición a tarjetas con chip o están en proceso de hacerlo. La Oficina del Inspector General del USDA proyectó en enero que el robo de beneficios del SNAP podría ascender a 233 millones de dólares entre 2025 y 2026, en gran medida por el skimming, y una investigación reciente encontró que el año pasado se robaron electrónicamente 470 millones de dólares a beneficiarios del SNAP.

La Administración de Alimentos y Nutrición afirmó en el resumen de la regla que "estos cambios propuestos protegerán los beneficios del SNAP de los ladrones y garantizarán que los hogares aprobados puedan acceder a ellos". La propuesta reconoció además la barrera financiera para los estados: según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, producir tarjetas con chip cuesta aproximadamente diez veces más que las de banda magnética.

El USDA indicó que la regla sobre las tarjetas lleva casi cuatro años en preparación y estima que los cambios reducirán los beneficios robados en al menos 1.500 millones de dólares durante la próxima década. Consultado sobre si consideraría financiar la actualización tecnológica de los estados, el departamento respondió que "durante años, los estados tuvieron acceso a fondos administrativos para detener este abuso atroz de los recursos de los contribuyentes. Sin embargo, pocos actuaron".

El público tiene 60 días para presentar comentarios sobre la propuesta de tarjetas antes de que el USDA publique una regla final. El departamento evalúa dar a los estados un plazo de dos años desde esa publicación para implementarla, pero también acepta opiniones sobre si ese tiempo es suficiente.

La propuesta que retiraría a millones de personas del SNAP y de otros programas de asistencia sigue en desarrollo. Se esperan actualizaciones sobre su alcance y su proceso de revisión pública.

U.S. Department of Agriculture (USDA); USDA Food and Nutrition Administration; USDA Office of Inspector General; U.S. Department of Justice; Government Accountability Office